El avance sobre la propiedad privada

La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. (Constitución Nacional, artículo 17)

Desde distintos ángulos, los profesionales de la economía han tratado de encontrarle al gobierno del matrimonio Kirchner una lógica. Casi desde los comienzos se habló de un modelo neokeynesiano, de la sustitución de importaciones, del modelo industrial , de la competitividad cambiaria y también de una combinación de todo eso y varios etcéteras más.

También nosotros hemos tratado de explicar en distintas oportunidades la relación entre falta de competitividad, tipo de cambio elevado artificialmente e inflación.

Hace ya bastante tiempo que hemos dejado de intentar encontrarle un sentido económico al gobierno actual. Las diversas decisiones políticas y económicas tomadas; y muy especialmente desde el comienzo de las hostilidades con el sector agropecuario (o más bien desde la declaración de guerra con dicho sector), muestran a las claras que lo que un día aparece como principal, al día siguiente puede resultar accesorio. Y ni siquiera eso.

No hay una política de promoción de exportaciones, tampoco de sustitución de importaciones. No hay una política de defensa de las empresas nacionales, tampoco de nacionalización de empresas extranjeras. No hay una política que siga una línea determinada respecto del tipo de cambio. Tampoco la hay con relación al pago de la deuda externa. Nadie sabe en qué estado están las negociaciones con el Club de París o con los Holdouts.

En todo este juego perverso del corsi e ricorsi (que magistralmente describiera el gran filósofo italiano Giambattista Vico), la Argentina se debate una y otra vez con el mismo oleaje ideológico que viene envolviéndola en la incertidumbre desde hace ya muchos años.

Nada permanece, todo se transforma una y otra vez para volver al punto de partida. Y lo peor es que la transformación que sufre no tiene que ver con una mejoría histórica, sino simplemente con mezquindades y tejemanejes políticos de baja estofa. De ahí la perversión a la que aludimos.

Desde la impresionante carga de culpa hacia la empresa Techint por girar a Alemania los 400 millones de dólares que adelantó el régimen chavista por la expropiación de Sidor, hasta la prohibición de distribuir dividendos por parte de Edesur, el gobierno se mueve al ritmo de un razonamiento absurdo y francamente obtuso.

Un gobierno que tiene entre sus estigmas el de haber girado más de 500 millones de dólares al exterior en los tiempos de la gobernación en Santa Cruz bajo la presidencia de Carlos Menem sin haber explicado nunca con pelos y señales el destino de esos fondos y la ruta del retorno, no está en condiciones de exigir a nadie que deje en el país algún dinero. Podríamos decir que no puede reclamar a nadie que deje aquí ni su propia sombra. Esa es la verdad.

¿Por qué lo hace? Nosotros no tenemos una respuesta precisa, como no sea especular con la capacidad de olvido de parte de la población y la utilización política de semejante reclamo.

El caso de Edesur es más patético todavía. La empresa es concesionaria de un servicio y para ello contaba con un plan de inversiones que había asumido contractualmente. La Nación por su parte había asumido también contractualmente sus obligaciones respecto de los ajustes tarifarios entre muchas otras cosas. Es decir, había un compromiso mutuo que como todo el mundo sabe fue suspendido luego de la crisis de 2001/2002.

Durante todos estos años los contratos no fueron renegociados y solamente este año se permitió un ajuste de tarifas en algunos casos verdaderamente leonino pero resultado de años de congelamiento. Ajuste que incluye castigos por consumir más que en el año 2005, si no nos equivocamos. ¿Cómo alguien puede resultar castigado por consumir más en lugar de resultar beneficiado por ser mejor cliente? Bueno, simplemente porque el gobierno argentino ha resuelto derogar de hecho la ley de la oferta y la demanda. Pero ese es otro cantar.

Lo cierto es que la empresa decidió distribuir dividendos por primera vez en estos años. Y fijó un monto de unos 65 millones de pesos, es decir algo menos de 20 millones de dólares. El ministro De Vido, brazo derecho del gobierno kirchnerista, salió a decir que ello no se permitiría porque Edesur no cumplió con sus obligaciones de inversión.

La gravedad de esta afirmación no está tanto en que De Vido crea que puede obrar de esa manera, que de hecho puede; sino en el grado de impunidad con que puede hacerlo.

Los incumplimientos de contratos se dirimen en la Justicia y no son resueltos por un ministro o por el Ente Regulador impidiendo la remesa de utilidades. Ningún contrato puede establecer legítimamente prioridades de inversión si no contempla a su vez los ajustes tarifarios devenidos de la pérdida de valor de la moneda convenidos como obvia contrapartida. Pero aún así, y como fuera si fuera de otro modo, no es posible que se admita que un ministro o un ente, el que sea, disponga prohibir que alguien disponga de su dinero.

Sin embargo, esto ocurre en la Argentina casi con total naturalidad. Y aclaramos que no intentamos defender los intereses de nadie. Lo que queremos decir (y decimos) es que los incumplimientos de contratos entre partes han de dirimirse en la Justicia, porque así lo establece la propia Ley Fundamental. Y no en la oficina de un funcionario que además sale torpemente a afirmar algo que es prácticamente lo mismo que decir acá se hace lo que yo digo y se acabó.

Muchas veces nos hemos referido a los controles de precios, a los controles de los márgenes de utilidad, a la persecución de determinados empresarios y empresas, a las bravatas de Guillermo Moreno y una retahíla de etcéteras.

También hemos señalado reiteradamente la insólita intervención en el INDEC por parte de una verdadera patota denunciada incluso penalmente, si los datos difundidos son correctos. La difusión de datos falsos por parte de ese organismo afecta entre muchos otros sectores a los asalariados y a los tenedores de bonos sujetos a ajuste por inflación.

También hemos mencionado la apropiación de los fondos de las AFJP que ha derivado entre muchas otras cosas en una suerte de distribución a capella, sin control alguno y con asignación decidida entre cuatro paredes por dos o tres personas.

Así es que por ejemplo acaba de anunciarse que se otorgará una cifra muy importante a la filial local de la recientemente concursada General Motors para que ésta se ponga a fabricar un automóvil íntegramente argentino.

Al mismo tiempo es de todos conocida la tendencia intervencionista en las empresas de las cuales las expropiadas AFJP contaban con acciones. Allí se han venido nombrando directores representantes del Estado, y ahora se amenaza con designar síndicos de la SIGEN en las mismas.

También se interviene en empresas de menor envergadura, con ayudas que en definitiva significa colocar amigos del poder en ellas para el control de sus actos. Todo lo cual deriva, como sabemos, en aquel aserto del Dr. Lavagna acerca del capitalismo de amigos.

En el último año las salidas netas de capitales del país rondaron los 23.000 millones de dólares. El retroceso de la industria, de las exportaciones, de la producción de bienes y servicios en general, o la merma de las importaciones por achicamiento del mercado o por prohibiciones proteccionistas, muestran la verdadera cara de la tendencia que evidencia la economía nacional.
¿Qué significado tiene intervenir o hasta adquirir empresas por parte del Estado Nacional y al mismo tiempo prestar dinero a una empresa quebrada para colmo originaria del imperio norteamericano? ¿Qué lógica tiene todo esto?

La conculcación del derecho de propiedad es un dato incontrastable. La retórica política del gobierno argentino contra el sector agropecuario, contra los empresarios en general y en particular, contra los concesionarios o contra los reticentes a hacer lo que el gobierno quiere que hagan, no muestra otra lógica que la del sometimiento a los pareceres arbitrarios y hasta caprichosos de Néstor Kirchner y su grupo de allegados. Y punto.

¿Este es el modelo productivo que hay que consolidar? La farsa parece consumada en el particular caso de Aerolíneas Argentinas. Es obvio que la empresa había sido largamente boicoteada por supuestos sindicalistas en verdad adictos a ideologías nacionalistas de corte estatista. Al día siguiente de la intervención del gobierno y del desplazamiento del grupo español Marsans los aviones empezaron a volar y los horarios a normalizarse. Por si cupiera la necesidad de evidenciarlo, hasta se difundió en estos días una publicidad oficial resaltando el hecho de que ahora sí funciona Aerolíneas. Resulta verdaderamente patético comprobar el contrasentido de una propaganda de este tipo, que muestra a las claras que no se trataba de un buen o mal management por parte del grupo español, sino de otra cosa mucho más densa y peligrosa que fue promovida por el gobierno de Néstor Kirchner, cómplice en los hechos y en las palabras del discurso estatista a que nos referimos.

Hay un punto en que la cantidad de dinero todo lo puede. Se trata de arrimar millones mensualmente, diariamente inclusive, para que todo se normalice. Se trata de comprar aviones sin ton ni son, como dicen los entendidos que está ocurriendo. Incluso se trata de hacerse cargo de los acuerdos de Marsans para adquirir varios Airbus y devolver al grupo el dinero invertido en ellos, más la insólita adquisición de 20 máquinas de origen brasileño. No hace falta ser muy ducho para comprender que una empresa no puede resultar económica con máquinas de diverso origen que necesitan contar con simuladores de vuelo propios, repuestos diferentes, etc.

¿No ha sido el propio Estado el organismo de control en los años de privatizaciones? ¿Acaso no controlaba a Edesur y sus inversiones, a Aerolíneas y su management, a Suez y sus fondos girados al exterior? ¿No es acaso su responsabilidad como tal si existió mal manejo de los recursos por parte de las AFJP?

¿Cuál es la razón por la que, más allá de los abusos de poder y la conculcación de derechos de propiedad, alguien puede suponer que ahora sí el Estado controlará bien?

La derivación de todo esto es la manifiesta inseguridad jurídica existente y a la que nos hemos referido infinidad de veces. Nadie cree nada en la Argentina. Desde la intangibilidad de los depósitos hasta la seguridad de que una inversión será respetada.

Ahora estamos en campaña, se sabe. Ahora más que nunca arrecian los discursos de oportunidad resaltando cada uno sus virtudes y callando sus errores.

Sigue en pie el conflicto con el campo. Baja la producción y la exportación de bienes primarios. La industria se detiene pese a los planes para adquirir automóviles, heladeras o lavarropas. El intento de incentivar la construcción es todavía más patético luego de lo ocurrido con el plan para que los inquilinos dejen de ser tales de hace un par de años.

Ahora los industriales han comenzado a tomar distancia del gobierno. Se le animan, dicen por ahí. ¿A quién se le animan?, a Néstor Kirchner.

Nadie quiere perder su patrimonio pero está perdiéndolo. Los salarios están bajando. Los precios de las propiedades también. Los alquileres, todo.

Es que cuando no se respeta la propiedad no puede ocurrir otra cosa: la propiedad pierde valor. Y nada ni nadie podrá modificar eso.

Ciertos conocidos profesionales de la economía, que cobran fortunas por sus cargos intervencionistas ,(del orden de los 130.000 pesos mensuales, dicen) pueden seguir viviendo con lo nuestro. Sin pretender ser eufemísticos. Mientras todo se derrumba ante la atónita mirada de un mundo cada vez más díscolo a los ojos de los funcionarios locales.

Fuente: Estudio Trillo