Realidad económica argentina

La realidad de la economía argentina ha venido complicándose día a día a partir del momento en el que los incipientes acuerdos de precios se convirtieron en controles, los controles en aprietes, y los aprietes en hechos.

El llamado modelo productivo basado en el tipo de cambio alto y por ende inflacionario con un superávit mentiroso provocado por la emisión monetaria para la adquisición de dólares que luego pasa al Estado vía retenciones a las exportaciones para volcarse al consumo cotidiano vía subsidios, inversiones en obras públicas o ayudas varias ha llegado hace bastante tiempo a su fin. Por eso es que el derrape inflacionario ha intentado ser cubierto en los últimos dos años y medio mediante el torpe y primitivo arbitrio de mentir en los índices de precios, incorporando al INDEC a una verdadera patota según todas las referencias críticas conocidas y jamás desmentidas con la mínima rotundez indispensable. Téngase en cuenta que cualquiera que se sienta afectado por una acusación falsa bien puede recurrir a la Justicia, lo que no ha ocurrido, demostrando al menos la cola de paja que lucen los patoteros, lo cual no podría ser de otra manera, dada la moral inherente a esos grupos.

Un interesante trabajo publicado por José L. Espert en el diario Ámbito Financiero del jueves pasado muestra algunas cifras bastante más que alarmantes.

La recaudación esperada para este año 2009 (suponemos que con los artilugios de no devolver IVA a exportadores, inventar retenciones y percepciones a no contribuyentes, y otras verdaderas tropelías a las que mansamente la población ha ido sometiéndose) asciende, en el consolidado entre nación, provincias y municipios, a unos 400.000 millones de pesos, cinco veces más que lo recaudado en el año 2002. Según Espert, la presión tributaria está en el orden del 50% si sólo se considera a quienes operan en el mercado formal. Nosotros creemos que tal presión es bastante mayor si agregamos el costo administrativo que implica para los contribuyentes la impresionante cantidad de obligaciones formales que recaen sobre ellos (regímenes de información de todo tipo y color, obligaciones como agentes de retención y de percepción, necesidad de llevar libros específicos que implican duplicar o triplicar la misma información por ejemplo el libro de sueldos-, y mil etcéteras nacionales, provinciales y municipales). A ello se suma el costo financiero de retenciones, percepciones, anticipos y demoras con motivos francamente delirantes en las devoluciones de tributos cuando éstas corresponden.

Y todavía más, ya que mientras legalmente no es posible compensar saldos técnicos a favor del IVA con otros impuestos, cuando alguna compensación por libre disponibilidad es errónea por alguna diferencia por mínima que fuere (incluso de un centavo) es necesario anularla y presentar una nueva correspondiendo abonar intereses resarcitorios desde el momento original como si la compensación nunca hubiera sido hecha y el saldo disponible a favor del contribuyente no hubiera sido reclamado y no hubiera existido hasta ese momento.

O el caso de contribuyentes agropecuarios que intentan sacar cartas de porte mediante el procedimiento afipiano de la página web al que están obligados, y no pueden. Y nadie, NADIE le da una explicación de por qué razón no pueden ya que mientras las cartas resultan autorizadas no pueden imprimirse porque no aparecen. Se dan casos en que la denominada MESA DE AYUDA deriva las causas planteadas a la oficina de DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE para que resuelva lo que la AYUDA no resuelve, y mientras tanto los granos esperan en silos para su venta. Y ni hablar de esperar una respuesta en la Agencia de la AFIP o en las tan publicitadas oficinas de gestión para el contribuyente, que no tienen pálida idea de lo que se les pide.Todo esto es carga tributaria, indudablemente. Y qué carga. Y es inmedible, inmensurable.

Bien, sigamos entonces. El déficit fiscal es estimado hoy en $ 25.000 millones sin contar los pagos de capital de la deuda pública, que se estiman en unos $ 20.000 millones. Los niveles de pobreza alcanzan al 35% o 40% de la población, por lo menos 10 puntos más que en los años de la llamada convertibilidad, antes de la hecatombe de 2001/2002, claro está.

A su vez, el Estado se ha quedado con los fondos de las AFJP y con la recaudación mensual de quienes habían elegido continuar en éstas apenas unos meses antes. También se recurre a los fondos del Banco de la Nación y del propio Banco Central para atender gasto corriente, mientras se paraliza obra pública y se intenta recomponer las relaciones con el defenestrado FMI.

El gasto público total asciende según Espert a 425.000 millones de pesos, y en su mayoría se trata del llamado gasto social, que suma unos $ 385.000 millones entre sueldos, jubilaciones, subsidios y obra pública.

Lo ocurrido con el veto al artículo 4 de la nueva ley de emergencia agropecuaria es inaudito. Mientras todos los legisladores votaron la suspensión de las llamadas retenciones a los productores de una numerosa cantidad de partidos de la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo procedió a vetar este beneficio con argumentos infantiles, casi de escuela secundaria, entre los cuales el peor de todos y el que produce vergüenza ajena es el de que se trató de un error. La verdad es que la imperiosa necesidad de dinero y por ende de financiamiento es enorme.

Al mismo tiempo, se encara la cuestión del denominado fútbol para todos que aparte de la violación de elementales principios de un Estado de derecho le costarán al Estado según sus propias afirmaciones unos 600 millones de pesos anuales. Y queremos dejar expresamente en claro que no intentamos defender el contrato que existía entre la AFA y una empresa para la emisión del fútbol, que en muchos aspectos resultaba verdaderamente contrario a la ley de defensa de la competencia, sino que no se hubiera operado en el marco de la legalidad y denunciado como corresponde cualquier irregularidad para avanzar luego dentro del marco constitucional sobre tal contrato basándose en normas del derecho vigentes. En lugar de eso, se obró a la manera que suele hacer el actual gobierno, dando lugar a conflictos futuros que habrán de costarle más dinero todavía. Es decir, habrá de costarle al país y por lo tanto a todos los contribuyentes.

Y ni hablar del caso de Aerolíneas Argentinas, que por lo ridículo merecería un lugar en el famoso libro Guiness de los récords.Ahora bien, siempre según el análisis de Espert, las retenciones significarán en el año unos $ 36.000 millones, de los cuales unos $ 20.000 millones corresponden al agro. Si la recaudación total es de $ 400.000 millones, estamos hablando del 5% ¿Es razonable mantener una situación de conflicto que está provocando un daño enorme cualquiera sea el que tenga la razón por una cifra de esa magnitud?La marcha atrás de los recientes ajustes en la energía implica un evidente papelón por la falta de cálculo previo más que nada. Pero además significa que el Estado deberá seguir bancando el subsidio al sector energético, con un costo estimado en unos $ 500 millones. Mientras tanto el blanqueo de capitales está a punto de finiquitar constituyendo, según lo que se sabe, un verdadero fracaso.

La crisis mundial parece estar llegando a un piso. Aunque dudamos que así sea porque todo depende de lo que se haga en el futuro cercano, lo cierto es que la Argentina está fuera de cualquier cálculo razonable.

Mientras se cierne sobre varias provincias el fantasma de las llamadas cuasimonedas (que significaría un golpe verdaderamente terminal al llamado modelo productivo), la presidenta de la República les pide a los empresarios y a la población en general que no le apueste al dólar, para decirlo con recordadas palabras.

¿Es razonable o lógico pedirle a quienes se manejan en el mercado empresarial y en general a quienes en definitiva hacen negocios que sean buenos y no huyan a la moneda verde? Mientras se recurre a todo tipo de medidas que espantan al capital (controles de precios, prepotencia, abusos, no devoluciones de impuestos, nuevas cargas, etc.), al mismo tiempo la presidenta les pide que inviertan en el país. ¿No es patético?

¿Dónde invirtió la provincia de Santa Cruz las regalías petroleras que recibió en la demonizada década del 90 cuando el gobernador era el propio Néstor Kirchner? ¿No se estafó a los tenedores de bonos ajustables por CER mediante el burdo recurso de truchar las cifras de inflación mediante la felliniana intervención del INDEC? ¿No se han venido trabando exportaciones e importaciones de todo tipo y color en estos años mediante simples resoluciones o inclusive llamadas telefónicas de un secretario de Estado que asegura que él la tiene más larga según se afirma y jamás se desmiente?

¿Alguien puede suponer sinceramente que acá se invertirá porque la señora presidenta lo pide?Francamente a veces lo mejor que uno puede hacer si no tiene nada mejor para decir es callarse la boca.

Fuente: Estudio Trillo