La impuestomanía

La proliferación de proyectos impositivos, el incremento de tasas y la aprobación de gravámenes de diversa índole se ha apoderado definitivamente de los cerebros de nuestros representantes. No se ha observado en los últimos años una sola idea tendiente a bajar el gasto público o a hacerlo más eficiente.


Al momento de escribir estas líneas, 20 de las 24 provincias acusan déficit. Algunas de ellas están en situación definitivamente grave. El Poder Central ha resuelto suspender el llamado pacto fiscal de tiempos de Cavallo. Las provincias pueden ahora endeudarse para por lo menos atender los gastos más inmediatos.

La Nación en su conjunto también está en déficit. El Estado Nacional probablemente cierre el corriente año con un saldo negativo del orden de los $ 20.000 millones. El gasto está absolutamente fuera de control y no hay indicios de que esto vaya a modificarse. Al contrario. Con la aprobación de la llamada emergencia económica por dos años (siempre se renovaba por un año, pero el próximo la mayoría en el Congreso no será oficialista), las canillas seguirán abiertas a fondo, sobre todo si tenemos en cuenta que 2011 es año de elecciones presidenciales.
La necesidad de fondos es imperiosa. La inventiva de diputados, senadores, ideólogos y hasta gremialistas está a la orden del día. Van y vienen nuevos y viejos proyectos intentando aplicar nuevos impuestos a lo que sea. Más que nunca en la historia, creemos, se busca rascar el final del tarro. No hay sector que acuse algún grado de éxito que pueda salvarse.

En la provincia de Buenos Aires, las recientes modificaciones significan en general subas de tasas y la creación del llamado impuesto a la herencia. En los últimos años, tanto en esa provincia como en otras han proliferado regímenes directamente confiscatorios de retenciones bancarias a supuestos contribuyentes que deben demostrar que no lo son para obtener luego la devolución de los importes extraídos de sus cuentas fuera de toda legitimidad, sin intereses y sin recargo alguno. Simple jineteo de fondos, que le dicen. Siempre que se hubieran enterado y hubieran suministrado por vía internética una cantidad de información que procedimentalmente únicamente puede ser requerida en una inspección y mediante comunicación fehacientemente notificada. A esto se le suman moratorias y blanqueos varios, inclusive laborales. Con tal de recaudar, hasta hay liquidaciones anuales. Sale, como le dicen ahora.

En este cuadro de situación, no sorprende que nuevamente aparezca el fantasma más famoso de todos en materia tributaria: gravar la renta financiera. Esta vieja aspiración se repite tanto a nivel nacional como provincial o capitalino. El punto está en aplicar impuestos como sea y a lo que sea. Gravar la compra venta de acciones, los intereses de caja de ahorros o de plazos fijos y la renta de títulos públicos es una asignatura pendiente de determinados sectores autoproclamados progresistas a los que se suman ahora también las huestes más conservadoras, ante la sed de recursos existente.

Escuchábamos hoy en la radio a un diputado de la Capital aliado al cineasta PIno Solanas describir un impuesto sobre los ingresos brutos a la compraventa de acciones del orden del 1,5% y hacer cuentas sobre la posible recaudación. Este diputado no parecía tener en cuenta que el hecho de que una operación se realice en la Ciudad de Buenos Aires no da derecho a que el gravamen lo ingrese íntegramente esa jurisdicción, dado que habría que definirse cómo quedaría esa operatoria en el marco del Convenio Multilateral.

Sorprende la ligereza con la que se maneja toda esta gente. Podríamos abundar en tasas y gravámenes tanto nacionales como provinciales y municipales. Nos limitaremos a citar por ejemplo el impuesto del 1%, que tiene ya media sanción en Diputados, a los consumos de telefonía celular con destino al deporte olímpico . O la reciente aprobación de gravámenes diferenciales a determinados productos electrónicos que constituyen en buena medida la base de la tecnología de punta que tanto necesita el país para volverse más eficiente y seguir formando parte del mundo.

El impuesto destinado a promover el deporte olímpico es de un surrealismo felliniano. En colores psicodélicos y todo. Un gravamen específico siempre es considerado en doctrina un error por lo menos. Pero más aún cuando el gravamen no tiene absolutamente nada que ver con la finalidad, como es el caso. A todo esto, la ayuda que supuestamente recibirán (lo afirmamos porque seguramente será aprobado) dependerá del uso de celulares y de mensajitos de texto. Si los mencionados aparatos se usa menos, se promoverá menos el deporte, y si se usan más, pues entonces el deporte olímpico florecerá proporcionalmente. No sería de extrañar que en poco tiempo más se decida multiplicar la tasa de este novedoso gravamen, dado que la finalidad del mismo es loable.

En cuanto a los gravámenes a la renta financiera, como hemos sostenido en otras oportunidades tal renta no es cierto que no esté gravada. En realidad no lo está cuando quienes operan son personas físicas y siempre y cuando se trate de operaciones vinculadas con la ley 21.526 de entidades financieras. Los intereses obtenidos por particulares en, por ejemplo, préstamos hipotecarios privados, están alcanzados por el impuesto a las ganancias y también por el impuesto al valor agregado. Es verdad que la compraventa de acciones no está alcanzada por el impuesto a las ganancias cuando se trata de personas físicas, y tampoco los intereses de caja de ahorro o plazos fijos. Pero si se trata de personas jurídicas sí están gravadas tales rentas. Como se sabe, los bancos siempre cargan el IVA sobre los débitos por gastos o intereses. Y por supuesto que también pagan impuesto a las ganancias sobre sus rentas netas.

Detrás de toda esta impuestomanía está, obviamente, la imperiosa necesidad de caja de todas las jurisdicciones, incluyendo la nacional, por supuesto. Los argumentos pueden pasar de la injusticia por la falta de redistribución de ciertos ingresos, hasta la promoción de actividades, o también la suntuosidad e incluso el daño que provocan en el organismo humano ciertos productos de consumo (alcohol, tabaco, etc). Todo sirve.

El diputado que mencionamos hablaba de la famosa y tan mentada distribución del ingreso, y explicaba que la población de mayores ingresos en la Capital obtiene 36 veces más recursos que la más postergada, sin mencionar los porcentajes poblacionales de las distintas etapas de la escala, y asumiendo que la tendencia al igualitarismo eliminará el problema de la pobreza. Cuestión tan reiterada como falsa, dado que la acumulación de capital per cápita no se logra atacando al exitoso sino haciendo cumplir la ley y garantizando una estabilidad jurídica que no solo no existe ya, sino que además se ha convertido en inseguridad creciente, ahuyentando de ese modo al capital de trabajo indispensable y dejando los proyectos de inversión a cargo, casi totalmente, de promociones y combos varios a cargo del Estado.

La falta de noción de, por ejemplo, el efecto Laffer, según el cual superada cierta presión tributaria se desalienta el consumo (o se alienta la evasión), muestra a las claras la falta de criterio, la improvisación, la idea de que alguien siempre pagará que tanto daño le ha causado al país y no de ahora, sino desde hace décadas.

El diputado electo Carlos Heller, por ejemplo, se enfrentó en declaraciones públicas a dichos del ex ministro Roque Fernández. Éste hizo una referencia a los proyectos de ley de entidades financieras, que apuntan entre otras cosas a la creación de una rémora del Banco Nacional de Desarrollo. Dijo Fernández que temía que se repitiera lo ocurrido con las AFJP, expropiadas por el Estado Nacional. Heller se limitó a decir que él estaba de acuerdo con que los fondos de las AFJP fueran manejados por el Estado dentro de la ANSES tal como se hace hoy. Es curioso pero a lo que Fernández se refería evidentemente es a la confiscación de los fondos, no al sistema a utilizar. Es notable la manera en que se niega lo obvio. Pero así es. El aporte de 15 años a las AFJP se ha convertido de un plumazo en una recaudación tributaria más, para gastar en lo que sea que se le ocurra a dos o tres funcionarios. Luego se pretende la institucionalización incluso desde el sector oficialista.

Porque justamente son las expropiaciones, las confiscaciones, los abusos tributarios como las retenciones a troche y moche y toda la retahíla discursiva contraria a la rentabilidad y a la actividad privada, los elementos incongruentes con la vida dentro de un sistema democrático y respetuoso de los derechos individuales, única manera de asegurar el progreso económico de la Nación.

Como también hemos señalado no hay prácticamente actividad o iniciativa que no surja de algún anuncio de ayuda gubernamental. Nadie parece invertir ni hacer nada si no interviene el Estado.
La realidad es que la panacea del mercado ha sido reemplazada por la panacea del Estado omnipresente y omnisapiente, inventor de puestos de trabajo, repartidor de subsidios, electrodomésticos y asignaciones universales. Y por eso el gasto público puede llegar a ser infinito. Por eso se intenta arreglar con los otrora borrados del mapa holdouts. O se busca como sea arreglar con el Club de París. O con el odiado F.M.I. La creencia de que sólo el Estado puede generar empleos mediante acciones voluntaristas allí donde justamente no se generan empleos porque las condiciones no están dadas para ello. Porque de lo contrario, tales empleos se generarían solos. Muchas veces hemos dicho que cuando el Estado debe recurrir a promociones, es justamente porque las condiciones no están dadas y es preciso (a jucio de los funcionarios de turno) incentivarlas. Incentivación que siempre pagan los demás, por supuesto.
Dinero y más dinero para iniciar nuevas y variadas promociones y ayudas. La caja estatal en el paroxismo de las soluciones a los problemas de la vida misma. La felicidad con cara de Cristina. O de Scioli, o de Macri. O de quien sea.

Así han fracasado todos los proyectos de inversión, todas las formas de crédito, todas las devoluciones de impuestos, todos los planes de ayuda, todos los canjes, todo.
El Estado destruye el sistema jurídico y luego, dado que tal destrucción provoca la huida de capitales y la desinversión, el Estado sale a ayudar para lo cual necesita infinitos recursos. Tantos como iniciativas se les ocurra a los tres o cuatro adláteres de turno.

Destacamos como siempre lo hacemos que no estamos ante una novedad. La historia tiene unas cuantas décadas. El progresivo incremento de la injerencia estatal en los ingresos privados es, hoy por hoy, absolutamente un récord y sigue creciendo. La presión tributaria genera un mercado negro descomunal, incluso en el propio Estado, especialmente en materia laboral. Pero también en otras materias. Valijas llenas de dinero que llegan en aviones oficiales o bolsas ídem en el baño de una ministra lo demuestran. El dinero negro es la cara visible de una operatoria trucha, por decirlo así. El origen de ese dinero es espurio, ilegal. No está en el circuito. Proviene de operaciones en negro. Esto es obvio pero hace falta recalcarlo.

Miles de millones de pesos no están sujetos ni a revisión, ni a supervisión, ni a la exigencia de comprobantes en las oficinas del Estado (nacional, provincial y municipal). Fortunas descomunales aparecen en declaraciones juradas de funcionarios con muy poco tiempo de gestación y sin explicaciones claras y suficientes. El mercado negro es el río revuelto de los pescadores. Cuanto más enmarañada sea la cosa, más difícil es detectar las falencias. Y más fácil es llevar a cabo operaciones espurias.

La impuestomanía es una reacción simplona ante la irresponsabilidad. Un curalotodo. Una forma sencilla de paliar aquello que los mismos funcionarios han creado.

Históricamente en la Argentina se han dado situaciones de emergencia. La solución de los políticos de turno, excepto en algunos períodos, ha sido siempre la misma. ¿Hay poca agua?, cierre las canillas ¿Se sobrecargan los pares telefónicos? hable de noche ¿Hay poca energía? apague las luces. Y la contracara no puede ser otra: ¿no alcanzan los recursos? pongamos nuevos impuestos. En algún momento hasta se habló de ponerle un gravamen a las mascotas. No se extrañe el amable lector tampoco. Porque verdaderamente para le impuestomanía también el cielo es el límite.



HÉCTOR BLAS TRILLO